Dentro del paquete de medidas que está adoptando el Gobierno, con motivo de la pandemia del COVID-19, que no solo afecta a la salud de las personas sino al ámbito social y económico del país, ha promulgado el reciente RDL 11/2020 de 21 de marzo, publicado en el BOE de 1 de abril, en el que dentro de tales medidas complementarias urgentes, se establece una nueva regulación temporal  en relación a los procedimientos de desahucios que son a las que me voy a referir, dado que por su complejidad y porque sirven para apoyar a las familias más vulnerables o desfavorecidas, que tras la paralización de gran parte de la actividad económica, debido a ERTES, despidos, falta de facturación de los autónomos y pymes, etc., se han visto afectadas en sus ingresos y, en consecuencia, verán mermada su capacidad para hacer frente al pago de los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares alquilados.

Con relación a los contratos de seguro de vida cada vez es más frecuente que las aseguradoras rehúsen el cumplimiento del pago de la prestación convenida en la Póliza, al amparo del art. 10.3 de la Ley de Contrato de Seguro, que dispone la obligación del tomador del seguro de vida de contestar verazmente al cuestionario de salud que le presenta la aseguradora con carácter previo a formalizar el contrato de seguro de vida, señalando expresamente “Si medió dolo o culpa grave del tomador del seguro quedará el asegurador liberado del pago de la prestación”.

El próximo día 16 de junio de 2019 entrará en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los créditos inmobiliarios, lo cual supondrá una modificación sustantiva en cuanto al procedimiento de solicitud de préstamo hipotecario, toda vez que se hacen más rigurosas las obligaciones que ostentan los prestamistas en cuanto a la información y transparencia que deberán ofrecer al prestatario, todo ello con el fin de evitar las ingentes controversias que han venido azotando a los préstamos con garantía hipotecaria en los últimos años.

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia núm. 104/2019 dictada el pasado 19.02.2019, ha analizado la actual situación en nuestro Derecho Común, razonando, en una novedosa postura, que procede la extinción de la pensión de alimentos a favor los hijos mayores de edad, cuando esté rota de forma continuada las relaciones paterno-filiales con causa atribuible a los mismos

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha condenado a una compañía aseguradora a cubrir en concepto de indemnización, las deudas tributarias impuestas a los Administradores de una sociedad, como responsables subsidiarios, aún cuando estaba excluida dicha cobertura de la Póliza de responsabilidad civil que tenían contratada.

La Audiencia Provincial de Córdoba, Seccion 1ª, en una reciente Sentencia dictada el 18 de septiembre de 2018, con núm. 593/2018  ha estimado un recurso interpuesto contra una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia en la que se acordaba la custodia compartida de dos hijos menores, atribuyéndosela en exclusiva a la madre a causa del tabaquismo del padre.